Algoncas | 13:48
Argentina ratificó la presentación judicial por el corte del puente Gualeguaychú
Buenos Aires.- El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial relata las instancias con Uruguay, por la instalación de una pastera, que llevaron a la Argentina a presentarse ante la Corte Internacional de La Haya. A raíz del fallo, agrega, que las acciones ilícitas constituyen "un alzamiento". El Decreto 828/2010, lleva la firma de la Presidenta Argentina Cristina Fernandez de Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Cesar Alak.
En los considerandos expresa que en la causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú – Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya y agrega que dado que la Corte Internacional de La Haya ya ha dado su fallo. El estado nacional debe implementar las acciones necesarias para que las acciones ilícitas de las personas imputadas cesen en la causa ya que constituyen un alzamiento contra una decisión internacional.
Asimismo, -agrega- corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos con el Uruguay.
En los considerandos expresa que en la causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú – Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya y agrega que dado que la Corte Internacional de La Haya ya ha dado su fallo. El estado nacional debe implementar las acciones necesarias para que las acciones ilícitas de las personas imputadas cesen en la causa ya que constituyen un alzamiento contra una decisión internacional.
Asimismo, -agrega- corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos con el Uruguay.
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